Bogotá, 09 de septiembre 2019: El compromiso internacional del Estado colombiano respecto a la adopción de medidas legislativas, judiciales y administrativas para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, exige, atendiendo al artículo 73 de la referida Convención, la presentación de un informe donde, cada cinco años se refieran los avances en la materia. Siendo así, y en el marco de la presentación del tercer informe presentado por Colombia, se pretende mediante este documento exponer los retos y dificultades que afronta el Estado colombiano frente al cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la Convención, los cuales han sido identificados por la academia, las organizaciones no gubernamentales y humanitarias, en el desarrollo de nuestras actividades de investigación y trabajo con población en situación de movilidad humana transfronteriza.

Pretendemos el presente informe contribuir a la adopción de una mirada integral del cumplimiento de Colombia de los compromisos convencionales que le corresponden en la materia. Actualmente Colombia enfrenta un éxodo migratorio de importante magnitud. La llegada de refugiados y migrantes de Venezuela a Colombia ha crecido exponencialmente en los últimos años. El número de los migrantes y refugiados provenientes únicamente de Venezuela que tienen ánimo de permanencia en el país aumentó de menos de 39,000 a fines de 2015, a 1,032,000 a fines de septiembre de 2018, un incremento de casi el 2,550 por ciento. A marzo de 2019, residían en Colombia 1.408.000 venezolanos en Colombia, de los cuales el 38,8% de la población se encuentra en situación migratoria irregular. Adicionalmente, hay más de 300,000 retornados colombianos, quienes, en su gran mayoría, requieren apoyo para efectos de inclusión socioeconómica y reintegración segura (Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela, 2018). El Estado ha concedido alrededor de 593.383 Permisos Especiales de Permanencia a marzo de 2019 mediante los cuales se regulariza la situación administrativa de migrantes venezolanos en el territorio, habilitándolos para trabajar y desarrollar actividades lucrativas dentro del territorio nacional. De la misma manera, se han adoptado medidas recientes para otorgar la nacionalidad colombiana a los hijos de venezolanos nacidos en territorio nacional quienes antes se encontraban en potencial condición de apatridia. Sin embargo, advertimos que el riesgo continúa para hijos de padres no venezolanos en situación migratoria irregular nacidos en Colombia con dificultades para nacionalizar sus hijos vía ius sanguini, así como para hijos de padres venezolanos que continuaron su recorrido migratorio en otros países. Las barreras administrativas para la  interpretación constitucional del “domicilio” en el reconocimiento de la nacionalidad de hijos de padres extranjeros están vigentes y por tanto, existe un riesgo latente para la situación de apatridia en el país. Por este motivo, se debe solicitar la correcta interpretación del concepto de domicilio para que no se tome el estatus migratorio de los padres como condición para reconocer el derecho a la nacionalidad de niños de padres extranjeros en Colombia.

La presión del Estado colombiano frente a la atención de las personas provenientes de Venezuela se ha visto intensificada en este último año a raíz de las medidas restrictivas que han adoptado Estados como Perú, Ecuador y Chile de restringir la entrada y circulación de estas personas a su territorio, a través de la exigencia de visados, pasaporte entre otra documentación. Lo anterior podrá generar una mayor presencia de los venezolanos en el país, toda vez que Perú, Chile y Ecuador, eran luego de Colombia los principales destinos de los inmigrantes venezolanos. De otro lado no se puede olvidar la preocupante migración vivida en los países latinoamericanos, lo cual resta las opciones de destino para los venezolanos, que continuarán huyendo de las masivas violaciones a sus derechos humanos, sufridas en su país de origen.

 Por otro lado, el panorama social y político del continente, ha generado un incremento notable en los flujos de inmigración al cono sur de la región y particularmente a territorio colombiano. Dichos flujos de ingreso presentan un patrón común de composición de ciudadanos provenientes de países como Honduras, Salvador, Cuba, Haití, entre otros.

Ahora bien, bajo este contexto, la necesidad de fortalecer la garantía plena de ejecución de las obligaciones contenidas en la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, es evidente. Así mismo, el ejercicio de monitoreo y seguimiento a la implementación de dichas disposiciones, requiere de un estudio a profundidad, que, a su vez, y a partir de las recomendaciones que puedan ser emitidas, promueva la adopción de un marco legal al interior de Colombia, con plenas garantías de protección a los trabajadores migrantes y sus familiares.

Por esta razón, a continuación, se reportan los retos y falencias que a concepto de los actores que participan de la elaboración del documento, comprometen la materialización efectiva de las obligaciones y compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el marco de la Convención. Patrones de deficiencia respecto a la garantía al debido proceso, la ausencia de un marco normativo nacional derivado del Congreso de la República que permita visibilizar al Estado colombiano como un país de destino y tránsito de inmigración, restricciones irregulares a la libertad, adopción de medidas migratorias con una perspectiva puramente coyuntural, falta de protección adecuada a los derechos laborales de trabajadores migrantes, son claros yerros que afectan el cumplimiento real de los compromisos adquiridos, así como las disposiciones en materia de disminución y lucha contra delitos como la trata de personas. Al igual, la ausencia de un marco normativo integral y consolidado con enfoque diferencial de grupos poblacionales como niñas, niños y adolescentes y mujeres en Colombia, compromete la visión universal y la garantía de no discriminación en los procesos derivados de las disposiciones convencionales que nos obligan como Estado.


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