Bogotá, 2 de septiembre del 2019: Los países del norte de Centroamérica sufren una crisis histórica, profunda y compleja. La violencia aumenta en El Salvador, Honduras y Guatemala a causa del enfrentamiento constante entre grupos pandilleros, grupos delictivos organizados, carteles de narcotráfico y mafias internacionales. El crimen organizado se ha abierto paso como corolario de la falta de institucionalidad de los Estados de la región, donde reina la impunidad, la corrupción y donde las instituciones democráticas siguen siendo frágiles. Esta violencia da paso a homicidios, desapariciones, reclutamientos de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual y desplazamiento forzado. Todo lo anterior ha impulsado un movimiento de personas que buscan dejar atras la violencia estructural vivida en Centroamérica, y la llamada “Caravana de Migrantes” que partió desde Honduras en octubre de 2018, y a la que posteriormente se le unieron personas de Guatemala y El Salvador, es muestra de esto.


Por su parte, y tal y como lo prometió en campaña, Donald Trump ha ejecutado una política migratoria severa contra las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, basada en la persecusión, control y reforzamiento fronterizo. El presidente de los Estados Unidos ha endurecido el sistema migratorio y de refugio, ha aumentado las deportaciones masivas, y generado una gran presión económica a México y los países del norte de Centroamérica para evitar que las personas lleguen a Estados Unidos. Estas políticas han puesto la atención internacional en las dinámicas migratorias de Centroamérica, México y Estados Unidos, puesto que tienen como consecuencia la prolongación del conflicto en la región. Mientras tanto, los actores del crimen trasnacional, crean todo un negocio bastante lucrativo a partir de la necesidad de migrar, exponiendo a los migrantes a situaciones de mayor vulnerabilidad.


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