Medellín, 26 de junio del 2019: El continente vive difíciles momentos en materia de movilidad humana. Ante este contexto, desde la coalición de Movilidad Humana de las Américas  presentamos algunos puntos que son prioritarios.

En primer lugar, creemos en la necesidad de adoptar una respuesta regional y coordinada centrada en los derechos humanos y en el principio de corresponsabilidad entre los Estados de la región, asegurando mecanismos de inclusión y participación activa de la sociedad civil y otros aliados internacionales.

En segundo lugar, dicha respuesta debe garantizar, sin discriminación y de acuerdo con estándares internacionales, el derecho de cada persona de salir de su país, el derecho a buscar y recibir asilo, el acceso a otras formas complementarias de protección internacional, así como facilitar mecanismos de regularización migratoria. En ese sentido, hacemos un  llamado a los Estados a reafirmar sus compromisos derivados de los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados, incluyendo la definición regional de persona refugiada contemplada en la Declaración de Cartagena de 1984. Producto de lo anterior es necesario reafirmar y garantizar el principio de no devolución, la prohibición de rechazo en frontera y permitir el acceso fácil a los mecanismos para buscar y recibir asilo. Convocamos a los Estados a atender el llamado de ACNUR respecto a la posibilidad de reconocimiento de la condición de refugiado para personas venezolanas y nicaragüenses por medio de determinaciones grupales con las salvaguardas adecuadas, y a atender la situación humanitaria de las personas solicitantes de refugio provenientes de Centroamérica desde un enfoque de derechos humanos, garantizando el principio de no devolución.

Es de reconocer que la regularización migratoria tiene consecuencias positivas, ya que permite una mayor integración en el país de acogida sumado a la posibilidad de identificar a las personas y reducir los riesgos de trata de personas, explotación laboral, reclutamientos forzados, entre otros. Por ello hay que  promover y facilitar una estancia regular, donde se respete el principio de seguridad jurídica, permitir el acceso a derechos, con especial énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales.

En tercer lugar, se debe garantizar el derecho de las mujeres a no ser víctimas de violencias, incluyendo mecanismos de protección como víctimas de trata, de violencia sexual y cualquier otra forma de violencia basada en género, así como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Los Estados deben desarrollar planes diferenciados de atención y protección para niños, niñas y adolescentes personas LGBTI, adultos mayores, personas con discapacidad, minorías étnicas y raciales, así como a toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad y garantizar su acceso a la justicia sin discriminación. Es imperante que los Estados eviten la detención migratoria de tales grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente cuando se trate de niños, niñas y adolescentes migrantes y personas sujetas de protección internacional.

Por último, exigimos a los Estados,  garantía de los derechos humanos, de todas las personas que se encuentran tanto en frontera, tránsito o en sus comunidades de acogida, y de las personas retornadas a sus países de origen o desplazadas internamente. En este sentido, llamamos a los Estados a abstenerse de militarizar las fronteras o recurrir cualquier  medida que implique el uso de la fuerza, asegurar la no criminalización o penalización por entrada irregular al territorio, velar por la unidad familiar y abstenerse de separar familias, asegurar la seguridad de aquellas personas que se han visto en la necesidad de viajar en caravanas y el derecho de individuos y grupos a defender los derechos de las personas migrantes. Es importante asegurar el acceso a derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a la identidad, a la  nacionalidad, acceso a la justicia, educación, salud y trabajo, así como la prevención de la discriminación,  violencia y la xenofobia en contra de la población migrante y refugiada, además de adoptar medidas dirigidas a la búsqueda de personas migrantes desaparecidas y la identificación de restos de personas migrantes fallecidas. 


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