Caracas, 08 de abril del 2019: Los Derechos Humanos (DDHH) son universales y buscan proteger a la persona individual y colectivamente resguardando la dignidad humana, además le corresponde a los Estados propiciar el disfrute de los mismos adoptando medidas positivas que garanticen la vida plena de cualquier persona.

El derecho a la salud forma parte de los llamados derechos económicos, sociales y culturales. La Declaración Universal de los DDHH, en el artículo 25 señala: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, y los servicios sociales necesarios”. En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud se reconoce que: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”. Y en la Constitución Nacional de Venezuela se consagra que “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida (…)”. 

Este marco de protección pone de relieve que el derecho a la salud es fundamental para cualquier persona y así garantizar su vida, sin discriminación de ningún tipo. No podemos olvidar la necesidad de garantizar el derecho a la salud de los migrantes a través del diseño de políticas públicas garantistas y obliga a los Estados a asegurar el acceso, especialmente de las personas más vulnerables, a los servicios integrales de salud. Los Estados no pueden limitar el disfrute de ninguno de los derechos humanos, ni discriminar a los ciudadanos extranjeros por motivos de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha explicado que la referencia a “cualquier otra condición social” indica que esta lista no es exhaustiva y que, por tanto, otros motivos de discriminación, como la nacionalidad, que impiden a los migrantes ejercer el derecho a la salud y otros derechos humanos, deben ser igualmente prohibidos

En el caso de nuestra investigación es importante destacar que la nacionalidad no puede utilizarse como motivo de discriminación, para negar la atención sanitaria de los migrantes: “Excluir a los migrantes de un enfoque de salud basado en los derechos es, a todas luces, una mala práctica de salud pública, pues aumenta la vulnerabilidad, crea discriminación y desigualdades sanitarias y las exacerba, genera un mayor gasto sanitario para los migrantes y, en general, viola sus derechos. En cambio, atender las necesidades de salud de los migrantes puede mejorar el estado de salud y los resultados sanitarios; facilitar la integración; evitar gastos sanitarios y sociales prolongados; contribuir al desarrollo social y económico; y, lo más importante, proteger la salud pública y los derechos humanos”. 

Consideramos que el derecho a la salud de los migrantes comprende cuatro vectores que ayudan a garantizarlo: “(a) Disponibilidad: un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de salud, así como de programas;(b) Accesibilidad: no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica (asequibilidad), accesibilidad de la información;(c) Aceptabilidad: respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, que tengan en cuenta la edad y el género, y(d) Calidad: adecuados desde el punto de vista científico y médico”.

El derecho a la salud no es la mera ausencia de enfermedades, por lo tanto, hacemos referencia a la salud en un sentido integral, es decir, a la salud de nuestros cuerpos, mente y entorno social-ambiental. Lo anterior se refleja en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuando reconoce “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. La salud integral implica los siguientes aspectos: “Una salud física y mental adecuada; un medio ambiente sano y servicios básicos sanitarios, lo que incluye: acceso a agua potable, evacuación de excretas, recolección de basuras y otros residuos, entre otros; una alimentación completa y balanceada; acceso a un trabajo digno y bien remunerado, en condiciones higiénicas y seguras; un sistema de seguridad social que cubra nuestras necesidades básicas; una vivienda digna que reúna condiciones sanitarias óptimas; acceso a una educación gratuita y adecuada; acceso al descanso, a la recreación, al deporte, a la vida cultural”.

Nuestra investigación se titula “Informe sobre la alimentación y el estado de salud de la diáspora venezolana. Realidades de quienes emigran por la frontera colombo-venezolana (11 al 21 de febrero de 2019)”, en la cual se hace referencia a las condiciones de la salud y la alimentación de los migrantes venezolanos que cruzan la frontera colombo-venezolana por el puente internacional Simón Bolívar que une al Estado Táchira y al Departamento Norte de Santander. Con dicha investigación se busca unir esfuerzos que hagan posible la construcción de políticas públicas y de atienda integralmente a las personas en situación de vulnerabilidad por la disminución del goce del derecho a la salud.

El contenido de la investigación se formula en las siguientes secciones: la migración internacional, la migración forzosa, el derecho a la salud y la alimentación en Venezuela y por último los resultados: aspectos sociodemográficos de los emigrantes, condiciones de salud del adulto migrante, condiciones de alimentación del adulto migrante, condiciones de salud de los niños, niñas y adolescentes migrantes, condiciones de alimentación de los niños, niñas y adolescentes migrantes, y las consideraciones finales.



Yovanny Bermúdez, S.J.

Director JRS-Venezuela


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