Washington 29 de marzo del 2019: Frente al continuo deterioro de la situación dentro y fuera de Venezuela, el Servicio Jesuita de Refugiados LAC y E.E.U.U se unen para instar a la comunidad internacional a cumplir las garantías de protección y proteger las necesidades humanitarias de millones de venezolanos/as.

Las cifras actuales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estiman que hay 3,4 millones de venezolanos desplazados y que las solicitudes de asilo han incrementado a más de 400,000. Mientras persista la crisis política, institucional y humanitaria que aflige a Venezuela, las cifras seguirán aumentando.

El JRS continua trabajando para cumplir su misión de proteger a los refugiados y migrantes en Venezuela y en toda América Latina, incluyendo el proyecto binacional que se centra en el acompañamiento de las personas que tienen mayores necesidades en los cruces fronterizos entre Venezuela y Colombia.

Instamos a los gobiernos nacionales, regionales e internacionales a garantizar la  protección de los refugiados y migrantes venezolanos a través de las siguientes medidas:

- Mantener las fronteras y los puntos de entrada legales abiertos para evitar que los refugiados y migrantes crucen por caminos no autorizados, dejándolos vulnerables al reclutamiento y la explotación por parte de bandas criminales.

- Apoyar a los países de acogida con recursos técnicos y financieros que les permitan mejorar sus sistemas de entrada y procesamiento, para que puedan gestionar de manera efectiva los flujos migratorios.

- Apoyar a las comunidades de acogida en los esfuerzos para facilitar la regularización e integración de los migrantes, incluidos los procesos de entrada coordinados y transparentes que respeten la dignidad y los derechos humanos de las personas que tienen necesidad de protección.

- Emplear la Declaración de Cartagena de 1984 a las solicitudes de asilo y refugio de los venezolanos que actualmente huyen de su país.

- Garantizar que los países se abstengan de utilizar la ayuda con fines no humanitarios y rechazar la criminalización de los trabajadores humanitarios, a fin de evitar nuevas consecuencias negativas para los receptores de la ayuda.

- Tener una respuesta humanitaria sólida para satisfacer las necesidades de los afectados, tanto dentro de Venezuela como en los países de tránsito y de acogida, incluido el acceso a alimentos, vivienda y servicios dignos de educación y salud.

- Poner especial atención en las necesidades particulares de los grupos vulnerables, incluidos los menores no acompañados, los niños separados, las mujeres embarazadas, las madres solteras, los ancianos, las comunidades indígenas y las personas con discapacidades diversas.

- Asegurar que los programas reconozcan y trabajen para contrarrestar cualquier aumento de la xenofobia y de la explotación sexual o de la violencia de género.

- A medida que la emergencia humanitaria en Venezuela continúa creciendo, la necesidad de una respuesta internacional coordinada no hace más que aumentar. Debemos apoyar la protección de los refugiados y migrantes venezolanos mediante el seguimiento de estos importantes esfuerzos.

A través de la colaboración continua de los gobiernos estatales, la sociedad civil y los propios migrantes y refugiados, será posible mejorar las condiciones de vida de miles de estas personas desplazadas hacia un futuro más pacífico y estable.




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