Violencia intrafamiliar y escolar vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes en el Táchira
11 junio 2013

Mesas de trabajo realizadas por el SJR Venezuela. Fotografía SJR Venezuela.
Los asistentes afianzaron su compromiso como defensores y promotores de derechos, manifestaron sentirse satisfechos con su trabajo y establecieron acuerdos que desarrollarán en los próximos meses.
Táchira (Venezuela), 11 de junio de 2013. Con la finalidad de elaborar un diagnóstico de las situaciones que amenazan y vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de refugio en los municipios de frontera del estado Táchira, el Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela (SJR) llevó a cabo un encuentro con representantes de diferentes organismos del sistema de protección que laboran en la región, en el que identificaron a la violencia intrafamiliar, la violencia escolar y la dificultad para entregar certificados de estudios a alumnos extranjeros, como los problemas más comunes.

Personal de los Consejos Municipales de Derechos de Córdoba y Rafael Urdaneta, Defensoría Municipal de Córdoba y consejos de protección de los municipios Libertad, Independencia, Junín, García de Hevia, Córdoba, Fernández Feo, Torbes, Pedro María Ureña, Bolívar, Rafael Urdaneta, Cárdenas y San Cristóbal, participó en el ejercicio que consistió en la construcción colectiva de la visión de cada municipio respecto a los derechos amenazados, los vulnerados, las acciones institucionales exitosas, la labor de los organismos, impacto de las acciones, trabajo por hacer, propuestas, acciones, resultados esperados y responsables de asumir compromisos.

Los equipos manifestaron que algunas de las situaciones que representan riesgos en los municipios de frontera o de influencia fronteriza son: la falta del documento de identidad de algunos estudiantes, en muchos casos la falta de partida de nacimiento, el micro-tráfico, amenazas de grupos armados irregulares, registros de nacimiento extemporáneos o dobles registros, vinculación a actividades ilícitas y consumo de drogas.

Sin embargo, la violencia intrafamiliar, la violencia escolar y la dificultad para certificar los estudios a extranjeros, fueron puntos coincidentes en casi todas las mesas y lo que identificaron como las principales situaciones que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que además acarrean otras situaciones como deserción escolar, inestabilidad emocional y falta de continuidad en los estudios a nivel diversificado y superior.

Algunas de las propuestas que establecieron, se basaron en el fortalecimiento de buenas prácticas aplicadas como las escuelas para padres, formación en materia de derechos, seguridad y comunicación, equipos multidisciplinarios, difusión en medios de comunicación y articulación con organismos competentes.

Los asistentes afianzaron su compromiso como defensores y promotores de derechos, manifestaron sentirse satisfechos con su trabajo y establecieron acuerdos que desarrollarán en los próximos meses.

Este ejercicio diagnóstico se realizó por primera vez en 2011 y sus resultados fueron entregados al personal del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Idenna). En aquella ocasión las mayores zonas de riesgo fueron Córdoba y el sur de Fernández Feo, parte de la línea fronteriza y la zona sur del estado. También algunos sectores de García de Hevia, Bolívar, Rafael Urdaneta, Junín, San Cristóbal y Cárdenas.

Ese primer estudio fue el motivo para que ahora se desarrollen mesas de trabajo que involucren al personal que trabaja en los distintos entes del área de protección, en pro de la defensa y garantía de los derechos, tanto para los niños, niñas y adolescentes venezolanos, como aquellos extranjeros que llegan en situación de refugio.

“El conflicto armado ha generado situaciones que no eran nuestras y ahora sí lo son, por ello, es importante comprender que tenemos responsabilidades distintas, hoy existen personas con necesidad de protección internacional en Venezuela, porque persiste el conflicto en Colombia”, señaló Ingrid Bournat, coordinadora del SJR Venezuela, oficina Táchira.

“Es importante reconocer el trabajo que desarrollan los distintos órganos que conforman el Sistema de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes, en los municipios fronterizos con Colombia y de influencia de la frontera, para asegurar el cese de las amenazas y la restitución de derechos de quienes hayan sido víctimas de la violencia; establecer alianzas con otras instituciones del Estado como la Comisión Nacional para los Refugiados y ONGs que acompañamos personas en situación de refugio, representa también una oportunidad para proteger efectivamente a niños, niñas y adolescentes, hacer frente al impacto de este conflicto de largo aliento y especialmente para prevenir situaciones que tiendan a perpetuar la violencia como mecanismo para la resolución de las diferencias”, agregó.

En el encuentro, también se contó con la participación de Javier Zambrano, jefe de la Comisión Nacional para los Refugiados, oficina Táchira, quien explicó que una de las acciones primordiales de los organismos educativos y  de protección es garantizar el derecho a la educación de quienes cruzan la frontera.

Los participantes pudieron diferenciar bajo qué condiciones un extranjero puede solicitar refugio, específicamente en función de los fundados temores, además de identificar procedimientos en materia educativa, respecto a casos de niños, niñas o adolescentes en situación de refugio. 


Por Carla Casanova, del SJR Venezuela, oficina Táchira





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