Colombia: respuesta ineficaz del gobierno ante el aumento del desplazamiento en el Valle del Cauca en 2012
02 mayo 2013

La gente del distrito de Buenaventura es tres veces más vulnerable a convertirse en desplazada forzosa que la del resto del país, Valle del Cauca, Colombia (Sergi Càmara / JRS)
Informe nuevo del Servicio Jesuita a Refugiados Colombia, Buenaventura: una crisis humanitaria sin respuesta
Durante el apogeo de la violencia, en agosto pasado, la División para la Prevención de Riesgos de Violaciones de los Derechos Humanos presentó una declaración clasificando 59 de los 169 barrios del distrito de Buenaventura como de alto riesgo.
Bogotá, 2 de mayo de 2013 – La intensificación del conflicto entre paramilitares, guerrilla y fuerzas gubernamentales ha dejado un saldo de más 5.200 personas desplazadas durante el pasado año en el distrito de Buenaventura, en el sureste del departamento del Valle del Cauca. A pesar del aumento del desplazamiento forzoso, el Estado no ha conseguido garantizar la asistencia a las víctimas de la violencia en la región, según el informe del Servicio Jesuita a Refugiados, Buenaventura: Una crisis sin respuesta humanitaria.

En vez de ser el estado el principal proveedor de ayuda humanitaria, complementado por las ONG, ocurre lo contrario. El fracaso del gobierno, sigue el informe del JRS, ha agravado la crisis humanitaria. Por ejemplo, los funcionarios se han negado con frecuencia a incluir a las víctimas del desplazamiento en el registro nacional, lo que contraviene el fallo de la corte constitucional de 2012 y el derecho de los colombianos a la verdad, la justicia y la reparación.

El año pasado unos 230.000 colombianos se vieron obligados a huir de sus hogares debido a la violencia, aproximadamente cinco de cada mil habitantes. La situación en el distrito de Buenaventura es significativamente peor; casi tres veces el promedio nacional. Durante el apogeo de la violencia, en agosto pasado, la División para la Prevención de Riesgos de Violaciones de los Derechos Humanos presentó una declaración clasificando 59 de los 169 barrios del distrito de Buenaventura como de alto riesgo. En estas áreas, el grupo paramilitar, La Empresa, controla el tráfico de drogas y otros negocios ilegales y amenaza a la población civil.

Según el JRS en Colombia, la dinámica del conflicto en el Valle del Cauca ha cambiado. Contrariamente a los mensajes de mejora de la seguridad presentados por las autoridades públicas, la situación se ha deteriorado. Las luchas por el control de la producción de cocaína en la zona entre grupos paramilitares y criminales – los Rastrojos, los Urabeños y La Empresa - y la guerrilla  izquierdista de las FARC causaron desplazamientos masivos en varias ocasiones durante el año pasado, especialmente entre abril y agosto. Por otra parte, más de 700 personas murieron en 2012 en la región del Valle del Cauca, como consecuencia directa del conflicto.

El acceso a los derechos y la respuesta institucional. A pesar de la precaria situación de seguridad, las poblaciones locales critican la respuesta de los funcionarios estatales que con frecuencia se niegan a inscribirlos como desplazados. Cuando se registran las poblaciones desplazadas, según el JRS, la Unidad de Víctimas se demora más allá del límite de 60 días en responder, lo que supone una sobrecarga para las autoridades del distrito. Además, los grupos de desplazados se quejaban de la utilización del lenguaje técnico de los funcionarios públicos, que complica aún más lo que ya es un proceso enrevesado.

La falta de coordinación y cooperación, agravada por el conflicto entre los funcionarios del Estado en diferentes niveles, han impedido que las poblaciones desplazadas tengan acceso a la asistencia y protección. A pesar de que las víctimas emprendieron acciones legales, el JRS registró varios casos en que las autoridades de Valle del Cauca ignoraron los fallos judiciales.

Conflicto o no. Se suele negar la prestación de asistencia humanitaria al no considerar a los autores de la violencia como "partes en el conflicto armado". A pesar de la sentencia  de 2012 de la corte constitucional pidiendo la adopción de definiciones inclusivas de  "partes en el conflicto armado", los criterios para su inclusión en el registro de víctimas aún no han sido adaptadas. En consecuencia, se niega a muchas personas registrarse, porque se las considera víctimas de la delincuencia común, ignorando la relación entre el crimen organizado y el conflicto.

Un análisis detallado del conflicto en el distrito de Buenaventura revela la existencia de un conflicto armado en la zona. El informe del JRS pide que, teniendo en cuenta las obligaciones de Colombia bajo el derecho internacional humanitario, y de acuerdo con las sucesivas sentencias judiciales, se garantice a todas las personas desplazadas por la fuerza el acceso al sistema nacional de asistencia y reparación.






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