Panamá: Ley de Protección Temporal Humanitaria entra en vigencia en marzo
13 marzo 2012

Las personas bajo el estatus de PTH no gozan de los mismos beneficios legales y sociales de aquellas personas reconocidas formalmente como refugiados. Puerto Piña-Panamá. Sergi Camara. SJR LAC 2010

Las personas bajo el estatus de PTH no gozan de los mismos beneficios legales y sociales de aquellas personas reconocidas formalmente como refugiados. Puerto Piña-Panamá. Sergi Camara. SJR LAC 2010
13 marzo 2012- Hasta hace algunos meses, las personas colombianas que buscaron refugio en Panamá y que el Gobierno de este país categorizó como protegidos temporal humanitario (PTH), eran tratados como refugiados de segunda clase. Durante más de diez años los colombianos, que llegaron a finales de la década de los 90, huyendo del conflicto armado, vieron vulnerados sus derechos a la educación, salud, trabajo y libre circulación. Vivían confinados en la región de Darién, en Panamá.


A partir de marzo de este año entra en vigencia la Ley N° 81 sobre el régimen de Protección Temporal Humanitaria, oficializada en la Gaceta el 13 de diciembre de 2011, que establece con carácter excepcional, los requisitos para que los extranjeros, bajo este estatus, apliquen para  la categoría migratoria de residente permanente. Cabe acotar que ya desde el 26 y 27 de octubre de 2011 la Asamblea de Diputados de Panamá había aprobado el proyecto de Ley 356 que establecía estos requisitos.


Juan* es una de las 899 personas que permanecen como  PTH. El relata por qué tuvo que huir de Colombia: “Salimos por la inseguridad que se vivía. Esta la generaban los grupos irregulares, guerrilla y paramilitares. Había abuso de autoridad. Obligaban a prestar el servicio y si uno se negaba tenía problemas con ellos. Si prestabas servicio en un grupo tenías problemas con el otro. Te mataban. Nos encontrábamos en medio, pagando justo por pecador. Un día la guerrilla se metió y tomó todo, se llevaron toda la comida y el combustible. En vista de eso toda la población abandonó el lugar, y entonces decidimos venirnos para Panamá que era la parte más cerca que teníamos”.


La mayoría de estas personas permanecen en las comunidades receptoras de Jaqué, El Real, Puerto Obaldía, Boca de Cupe, Yape, Yaviza y la Palma, ubicadas en zonas selváticas y cerca de la frontera con Colombia. Muchos de estos colombianos, entre los que cuentan indígenas de la etnia emberá y afrodescendientes, estuvieron llegando a Panamá desde 1996, con una afluencia masiva en 1999, por la toma guerrillera que sacudió a Juradó, en el departamento del Chocó (Colombia).


Como respuesta a aquella afluencia masiva de personas, el Gobierno panameño formuló y aplicó el Decreto Ejecutivo No. 23 de 1998, restringiendo en la práctica  la Ley 5 de 1977 en la que el Estado aprueba la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el derecho al refugio.


En dicho decreto se creó la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR) y se introdujo oficialmente  la categoría de PTH, estatus que colocaba en un limbo jurídico a los refugiados denominados bajo esta categoría inexistente en el derecho internacional de Refugio.


Las personas bajo este estatuto no gozarían de los mismos beneficios legales y sociales de aquellas personas reconocidas formalmente como refugiados.


El estatus de PTH, según el decreto, era de carácter transitorio por lo que duraría dos meses, mientras las autoridades hacían los arreglos para que los beneficiarios fuesen repatriados o reasentados en un tercer país. Pero la realidad es que la mayoría de estas personas viven en Panamá desde hace más de diez años en un auténtico limbo jurídico.


Lo más importante de la Ley N° 81
Con la Ley N° 81, las personas bajo el estatus de PTH tienen dos años para aplicar a la categoría migratoria de residencia permanente. Y finalmente se garantiza el ejercicio del derecho al trabajo.


Yeremi Barría, coordinadora del área de Incidencia y asesora legal, del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) Panamá, explica que desde la organización se mantuvo contacto permanente con la ONPAR para conocer la celeridad con que se llevaba el tema en la Asamblea Nacional de Diputados y el orden del día de la discusión de los proyectos de ley.


Del mismo modo, comenta que se logró una reunión con el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, donde se acordó que desde la dirección del ministerio se impulsaría la prioridad de orden del día para aprobación de esta ley de regularización de los PTH. Igualmente el SJR participó en el primer debate de la aprobación y aplicación de esta Ley.


—¿Cuáles son los puntos más importantes de la Ley de Protección Temporal Humanitaria aprobada?


—La gratuidad del proceso y celeridad para la aplicación, con eficiencia, de la Ley. Que los requisitos exigidos son relativos a los documentos de identidad y a las solicitudes del pasado judicial, que se tramitan a nivel del consulado de Colombia. La certificación que tiene que aportar ONPAR donde se conste la condición de PTH. La solicitud de residencia permanente se hará mediante abogado ante el Servicio Nacional de Migración, el cual deberá ser gratuito y expedito con la coordinación técnica de ONPAR. Que esta ley, por ser de carácter excepcional, se aplicará por un término de dos años solamente.


— ¿Quiénes son los principales beneficiados con esta Ley? ¿Cuál es la situación de las personas que no fueron registradas durante el censo binacional de 2004?


—Los principales beneficiarios de esta ley son aquellas personas que se encuentran bajo el estatus de PTH, debidamente registradas en el censo binacional realizado en 2004 y que a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley mantengan este estatus. Además, deben manifestar su intención de residir en Panamá. Por otro lado, la Ley no se aplicará a aquellos que hayan retornado voluntariamente a su país, adquirido otra condición migratoria en Panamá, renunciado a esta categoría de PTH, y a los que no estén en el censo de 2004.


—¿Qué dificultades hubo en el camino para la aprobación de esta Ley?


—La primera dificultad fue introducir el tema en el orden del día para su discusión en la Asamblea. Y acordar lo relacionado a quiénes se beneficiarán directamente de esta Ley, y qué pasará con las personas que no son parte del censo.


—Después de la Ley, ¿cuáles son las acciones pendientes para garantizar su cumplimiento?


—Definir la coordinación de la comisión técnica que gestionará la ONPAR, para efectos de aplicar esta Ley, y con las otras instituciones como Servicio Nacional de Migración, Registro Civil, Tribunal Electoral, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.


—¿Con la residencia permanente estas personas ya no optan al estatus de refugiado? ¿Continuaran siendo personas de interés para la protección?


—Importante discernir que no es lo mismo ser PTH que refugiado, este último no es parte del censo, y las disposiciones legales que se le aplican son distintas. Los PTH son una figura de protección complementaria que en materia de derechos humanos no debería existir. El refugiado reconocido, luego de diez años, puede aplicar para la residencia permanente. Respecto a si continúan siendo de interés para la protección por tratarse de extranjeros donde sus condiciones no son las más dignas: sí, continúan siendo sujetos de protección internacional porque esta va más allá de la seguridad física ya que es un tema de integración local desde el orden de la dignidad humana.


—¿La Ley garantiza la integración de estas personas a la sociedad panameña?  


—La ley garantizará la integración local ya que regulariza a estas personas y les otorga un permiso de trabajo indefinido. A través de la obtención de un empleo, pueden garantizar sus derechos humanos básicos de alimentación, vivienda, salud y educación.


Para no olvidar
El SJR Panamá desarrolla proyectos de integración con solicitantes de refugio, refugiados y PTH, que con esta Ley adquirirán mayor legitimidad y respeto por parte de las autoridades.


Porque si bien es cierto que ahora se garantizará el derecho al trabajo de las personas que el Estado panameño denominó PTH, también es cierto que para los que tienen el estatus de refugiado, a pesar de que legalmente tienen la oportunidad de contar con un permiso de trabajo, existen dificultades por la duración de estos permisos (renovable cada año).


Peor es la situación de los solicitantes de refugio, a los que ni siquiera se les reconoce el derecho al trabajo hasta tanto no tengan un decisión formal.


Cuenta José*, solicitante de refugio, que cuando el SJR Panamá, por medio de estos proyectos, le otorgó un microcrédito urbano, logró establecer un pequeño negocio para vender alimentos y otros artículos.


La Policía Nacional, al notar que tenía acento colombiano y no contaba con el permiso de trabajo, le decomisó toda la mercancía dejándolo en la ruina. José se deprimió mucho y a raíz de esto enfermó de la tensión y se aceleró su diabetes.


Una familia que estaba integrándose vio truncada su posibilidad. Ante esta situación mucha gente se pregunta ¿de qué me sirve un estatus sino tengo acceso al trabajo? Es importante que esta Ley se traduzca en prácticas que hagan realidad el derecho al trabajo digno.


*Los nombres originales han sido cambiados por razones de seguridad.







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