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La Dirección General de Migración ha repatriado más de 587 personas desde la entrada en vigor del decreto del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
Comendador, 28 de Marzo de 2014. Las expulsiones de extranjeros siguen siendo un constante en la política de la Dirección General de Migración aún a pesar de la entrada en vigor el 2 de diciembre del año pasado del decreto de Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular en la República Dominicana. Los monitores de Derechos Humanos han detectado un total de 12 repatriaciones, la última por la puerta fronteriza de Comendador (Elías Piña) el pasado miércoles 26 de febrero. Ese día, a las 3.43 p.m, llegó la guagua de la Dirección General de Migración para expulsar a 39 hombres, 19 mujeres y 2 menores que fueron abandonados en la línea divisoria entre República Dominicana y la República de Haití. Con estas 60 personas ya son 587 repatriados desde la entrada en vigor del decreto, dejando a más de 10,000 personas deportadas durante todo el 2013 y lo que llevamos del nuevo año.

Igualmente debemos resaltar que una vez más los observadores de Derechos Humanos pudieron comprobar que las autoridades migratorias haitianas vuelven a no estar presentes tras la puerta fronteriza para dar la asistencia consular debida a las personas expulsadas y de este modo poder comprobar, en los testimonios de los deportados, la manera en la que son detenidos, retenidos y desplazados hasta la frontera para su expulsión. De este modo se incumple el protocolo de entendimiento firmado el 2 de diciembre de 1999 entre República Dominicana y la República de Haití donde se saltan el compromiso de comunicar previamente, dentro de un plazo razonable, a las autoridades diplomáticas o consulares haitianas acreditadas en el territorio dominicano las listas de personas en proceso de repatriación para que estas autoridades puedan ejercer su función de asistencia consular. De existir la comunicación las autoridades haitianas estarían incumpliendo la asistencia humanitaria y consular a sus nacionales dejándolos abandonados tras la puerta fronteriza a merced de los buscones.

En las últimas repatriaciones las personas deportadas lo hicieron con formulario de registro individualizado pero sin memorándum de deportación firmado por el inspector actuante y el deportado y con bastantes dudas en cuanto al respeto de las garantías del debido proceso. En estas situaciones, pese a la denuncia sistemática realizada por diferentes ONG´s e instituciones, entre ellas la Red Fronteriza Jano Sikse y el Servicio Jesuita con Migrantes, las autoridades dominicanas siguen contraviniendo claramente la ley dominicana de migración (285-04), su posterior reglamento (631-11) y ahora el Decreto de Plan de regularización 327-13.

Aún a pesar de algún avance en la política migratoria llevada a cabo por el presidente Danilo Medina, la Dirección General de Migración no esta reconociendo totalmente los Derechos Humanos inherentes a los repatriados y no adopta, en la mayoría de los casos, medidas concretas para el respeto de la dignidad humana, el derecho a la igualdad y el derecho a las garantías procesales, convirtiendo estas expulsiones en deportaciones indiscriminadas, arbitrarias y discrecionales. Esta política poco clara y nada transparente de la institución dirigida por el licenciado José Ricardo Taveras Blanco sigue siendo en muchos casos irrespetuosa de los convenios internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de derechos humanos y derechos de los migrantes y sus familias. 

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