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Esmeraldas, Ecuador. Fotografía Christian Fuchs/JRSUSA.
Quito, 6 de agosto de 2013. Cuando la República de Ecuador publicó su Constitución política en octubre de 2008, el mundo entero celebró, entre otras novedades de esta Carta Magna, el apartado 5 de su artículo 416 que estipula: “[El Estado ecuatoriano] Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur.”

Un nuevo paradigma de la migración y la integración regional

La nueva Constitución ecuatoriana hablaba un nuevo lenguaje que trascendía el marco jurídico-político tradicional del Estado-nación moderno. Apuntaba hacia el ideal cosmopolita, muy arraigado en la tradición estoica, cristiana, kantiana, humanista.

“Ciudadanía universal”, “libre movilidad”, “reconocimiento del derecho a migrar”, “progresivo fin de la condición de extranjero”, figuran entre otros conceptos adoptados en este nuevo paradigma de la migración.  

Con respecto a la integración latinoamericana, esta Carta Magna expresó en su artículo 423 el compromiso del Estado ecuatoriano para “propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en la región; la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio”.

Ecuador planteaba para la región la necesidad de un nuevo orden jurídico, en el que la protección de los derechos humanos prime sobre las fronteras, la soberanía política, la seguridad nacional y otras restricciones del Estado-nación moderno. ¡Un nuevo paradigma de la integración latinoamericana y caribeña!

En el plano político-administrativo, el presidente ecuatoriano Rafael Correa ordenó que, a partir del viernes 20 de junio de 2008, no se exigiera visa a los ciudadanos de cualquier nacionalidad para ingresar al país y permanecer por un periodo de noventa días. 
Correa argumentó que, con esta disposición, estaba “desmontando ese invento del siglo XX que fueron los pasaportes y las visas”.

Ecuador se convirtió en país de tránsito y destino

Todos estos cambios constitucionales y políticos se realizaron en un momento en que Ecuador estaba en proceso de convertirse en un  país de tránsito y destino, además de ser un país expulsor de migrantes. 

Varios factores explican esta conversión, entre ellos: la dolarización de su economía, los acuerdos binacionales (con Perú, por ejemplo), una política de refugio muy abierta, la eliminación de visas de turista para ingresar al país. 

Vale subrayar que el incremento de la inmigración en Ecuador ya había iniciado antes de la adopción en 2008 de la política de “fronteras abiertas” o “ciudadanía universal”. Por ejemplo, la misma Dirección Nacional de Migración reconoció que el saldo migratorio (diferencial de la entrada versus la salida de extranjeros) de ciudadanos colombianos y peruanos sumaba 706.339 personas entre 2000 y 2006, en comparación con el total de 65.147 y 104.130 extranjeros que había en Ecuador en 1990 y 2001 respectivamente.

Sin embargo, a partir de 2008, ciudadanos de otras nacionalidades como los haitianos, los cubanos e incluso migrantes extra-continentales (asiáticos y africanos, por ejemplo), empezaron a llegar en cantidad significativa a Ecuador. Una buena parte de estos extranjeros han utilizado a Ecuador como país de tránsito para ir a los Estados Unidos de América o a Brasil. 

Endurecimiento de la política migratoria y de refugio

Ante esta realidad, el gobierno ecuatoriano empezó a exigir visas a ciudadanos de algunas nacionalidades para ingresar al país por cualquier período de tiempo: primero a los chinos en diciembre de 2009; luego, a ciudadanos oriundos de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia en septiembre de 2010. 

El endurecimiento progresivo de la política migratoria de Ecuador se refleja también en el caso de las personas refugiadas. Si bien Ecuador es el país que ha acogido a más refugiados en la región: actualmente gozan del estatus de refugiado un total de 55.480 personas, de las cuales 98 por ciento son de origen colombiano. Sin embargo, Rafael Correa publicó el pasado 30 de mayo de 2012 el Decreto Ejecutivo 1182 que representa un retroceso con respecto a la legislación anterior. 

Por ejemplo en el artículo 9 de este nuevo Decreto 1182 se reconoce como persona refugiada en Ecuador “toda persona que debido a temores fundados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores no quiera, acogerse a la protección de tal país o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”. 

Este Decreto no incluye otros motivos o causales que el Decreto anterior (3301 de 1992) había reconocido al estipular que “igualmente serán consideradas como refugiados en el Ecuador las personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. 

Causales que están incluidas en la Declaración de Cartagena que, como lo afirman numerosas organizaciones de derechos humanos, “es  un hito en la tradición de derechos humanos en América Latina” por las dos siguientes razones, entre otras (ver la nota de prensa de La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, ¿En Ecuador  dejaron de ser bienvenidas las personas refugiadas?  http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=518:refugio-ecuador&catid=47:boletines).

En primer lugar, “sirvió para la protección de personas que huyen de los conflictos armados y situaciones que no están recogidos en los instrumentos tradicionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto del Refugiados de 1951”, sostuvo INREDH. 

En segundo lugar, esta Declaración “es necesaria para asegurar la protección de los miles de refugiados que huyen del conflicto armado de Colombia, pues un gran porcentaje lo hacen por el conflicto armado, la violencia generalizada en sus municipios”. 

Las organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), son unánimes en advertir que esta restricción de la definición del concepto de refugiado dejará sin protección a un gran número de colombianos que cruzan la frontera para buscar refugio en Ecuador; además, “un gran número de refugiados estarán de nuevo en condición irregular”.

Estos dos ejemplos- la exigencia de visas de ingreso al país para ciudadanos de algunas nacionalidades y la restricción de la definición de refugio- muestran con elocuencia cierto retroceso de Ecuador en la hospitalidad hacia las personas migrantes y refugiadas y también con respecto a los principios de ciudadanía universal, libre movilidad, fin de la condición de extranjero, integración regional, etc., proclamados por la Constitución política de 2008.


Por Wooldy Edson Louidor Coordinador de Comunicación del SJR LAC 

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