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Cúcuta, Norte de Santander. 30 de marzo de 2016.- El 19 de agosto de 2015 el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, declaró de manera unilateral el cierre de la frontera con Colombia a partir de unos hechos donde resultaron heridos miembros de la fuerza pública venezolana especialmente en el municipio de Bolívar (Estado Táchira). En principio, la medida estaba anunciada por 72 horas, pero se postergó con la declaratoria del estado de excepción inicialmente para los municipios fronterizos del Estado Táchira, pero que luego se prolongó a otros municipios del Estado Zulia y Apure hasta completar el cierre a lo largo de los 2.219 km de frontera.

Con la declaratoria del estado de excepción se iniciaron allanamientos y desalojos al asentamiento humano mi Pequeña Barinas, ubicado en San Antonio del Táchira, conformado por siete sectores y donde se calcula que aproximadamente el 80% de sus habitantes era población colombiana en un número importante sin estimar solicitantes de refugio y refugiados reconocidos. Según las denuncias recibidas por los afectados, las familias de origen colombiano eran retenidas de manera arbitraria y sin acceso agua potable y alimentos, para proceder a ser reseñados y deportados a Colombia sin consideración del estatuto de protección internacional, o incluso de ser padres o madres de hijos nacidos en Venezuela, obligando al abandono del país sin la posibilidad de trasladar los enceres, o sus bienes y utensilios para el trabajo (vehículos, maquinaria) llegando a Colombia en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Un agravante particular de esta situación correspondió a la fragmentación de hogares durante este tiempo, especialmente de familias mixtas conformadas por personas colombianas y venezolanas, gran preocupación generó la separación de niños, niñas y adolescentes nacidos en Venezuela de padres colombianos, aunque esto se llevó a cabo al inicio de la crisis, sin embargo se postergó en un cierto temor generalizado que terminó por animar el regreso por los propios medios de numerosas familias, además que huían del temor de montajes judiciales y la ausencia de garantías.

La oferta para la atención a personas afectadas por la frontera se activó desde el protocolo de atención a las emergencias ocurridas por desastres naturales orientadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), previendo la instalación de albergues temporales, formación para el trabajo y ayudas de transporte que facilitaron los traslados de los deportados hacía otras ciudades del país. En grandes razgos valoramos la respuesta institucional y su capacidad de coordinación, sin embargo consideramos que la respuesta al retorno forzado de connacionales desde una perspectiva de emergencia generada por desastres naturales, olvidó la necesaria respuesta en clave de protección.

Desde este punto de vista entendiendo que es una frontera donde actores armados han victimizado a un número importante de personas afectadas que retornaron al país sin garantías para sus vidas (refugiados y desplazados víctimas del conflicto armado). Por otra parte, un grueso número de la población afectada, especialmente aquella que permaneció en auto-albergues no recibió asistencia humanitaria de manera integral, dejando vacíos en la respuesta diferencial.

Una vez iniciado el retorno masivo de colombianos que cruzaron la frontera por el río Táchira a la altura del municipio Bolívar (San Antonio – Táchira) con el corregimiento colombiano de La Parada (Villa del Rosario), el Servicio Jesuita a Refugiados hizo presencia en el sector conocido como La Playa, en La Parada, lugar de llegada luego del cruce informal de la frontera, y donde menor oferta institucional se presentó en ese primer momento.

Conozca aquí el reporte de ayudas humanitarias entregadas por el Servicio Jesuita a Refugiados durante la crisis: https://drive.google.com/open?id=0BxD-bkGJBqhWck9rOE5WMFU2U055bEFGTnNaU1M2NkFQUm0w

SJR COLOMBIA


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