Washington, 26 de septiembre de 2018: Más de 50 organizaciones de sociedad civil de toda la región reunidas los pasados 18 y 19 de septiembre en Washington, D.C. afirmaron la necesidad de ofrecer protección nacional e internacional a las personas que se ven obligadas a salir de Venezuela debido a la crisis económica, social y política que sufre el país.

“Nos reunimos como sociedad civil regional con el objetivo de construir un plan de acción que contribuya a la garantía y goce efectivo de los derechos humanos de las personas que se ven obligadas a salir de Venezuela y que requieren protección nacional e internacional”, afirmó Francisco Quintana, coordinador del espacio y Director del programa de la Región Andina, El Caribe y Norteamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Según datos de las Naciones Unidas, más de 2,3 millones de personas provenientes de Venezuela han abandonado el país en los últimos tiempos, convirtiendo a este flujo en el de más rápido crecimiento en la región.

En el transcurso de la reunión, la sociedad civil reconoció que esta salida masiva de personas de Venezuela puede convertir a sus ciudadanos en migrantes, elegibles para estatus de refugio o asilo, pero si no son atendidos de forma adecuada, podrían correr el riesgo de convertirse en apátridas.

“Reconocemos las acciones que han implementado los Estados de las Américas para dar respuesta a la situación de personas venezolanas que requieren protección. Sin embargo, consideramos que éstas han sido insuficientes y en ocasiones restrictivas frente a la magnitud del fenómeno, y se apartan de soluciones en donde prime un enfoque de derechos humanos”, señaló Lígia Bolívar, miembro del Grupo e Investigadora Senior del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.

Denominado como el Grupo de Movilidad Humana, el colectivo también propuso la elaboración de una respuesta regional y coordinada, donde participen los Estados involucrados, organismos internacionales, la sociedad civil, las Defensorías del Pueblo, y la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela.

“La respuesta es urgente y debe basarse en los marcos internacionales y regionales de protección ya existentes, en especial de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. Nuestra solidaridad debe traducirse en el reconocimiento, garantía y protección de los derechos de las poblaciones particularmente afectadas, y desarrollar planes diferenciados para niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas LGBTI, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como a toda persona que se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad”, cerró Luis Carlos Rodríguez, miembro del Grupo y Oficial de Incidencia del Servicio Jesuita de Refugiados para Latinoamérica y el Caribe.


Ver declaración completa: https://www.cejil.org/sites/default/files/final_2018_09_19_mhv_declaracion_firmas_adhesiones_0.pdf


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