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La perspectiva de la paz [1] 

Superar la dinámica del Conflicto Armado colombiano y sus efectos, nos tomará más de una década[2], e implicará la colaboración de diversos sectores no solamente dentro de Colombia sino también en los otros países de la región. La protección que se siga brindando a quienes huyen de la guerra es muy importante y debe continuar ampliándose. La hospitalidad de las comunidades donde llegan los refugiados es la garantía para iniciar desde ya procesos de reconciliación y de búsqueda de soluciones duraderas para miles de personas, que al huir han elegido la vida como valor supremo. La paz se va construyendo en la vida cotidiana y los migrantes forzados allí donde se encuentran tienen la oportunidad de aportar en este camino conjuntamente con quienes les han acogido.

La esperanza que se comienza a respirar al interior de Colombia, en relación con la posibilidad de una exitosa negociación entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, definitivamente está llegando a las personas víctimas del conflicto que día a día vienen añorando su tierra y su gente. La mayoría de las personas en situación de desplazamiento y refugio de la región, son víctimas de dicha confrontación, y la terminación de la misma podría ofrecer un nuevo panorama en la perspectiva de la reparación y la búsqueda de soluciones duraderas para ellas y ellos.

Es muy importante que el Gobierno colombiano del presidente Santos haya reconocido que existe en Colombia un Conflicto Armado, lo preocupante es que paso seguido esté haciendo esfuerzos internacionales para demostrar que ya está superado, cuando en la práctica no es así. De la misma manera ha reconocido que Colombia tiene una deuda con las Víctimas,[3] pero por otro lado se restringen las posibilidades para el reconocimiento de los nuevos y constantes desplazamientos forzados.

Abundan los análisis sobre este proceso de paz que se inició, y desde el Servicio Jesuita  a Refugiados SJR hemos querido aportar unas preguntas sobre la perspectiva que se abre para por lo menos 400[4] mil personas con Necesidad de Protección Internacional que se encuentran en las regiones fronterizas de Panamá, Venezuela y Ecuador. Cuando intentamos mirar regionalmente desde la experiencia del caminar cerca de las personas que han tenido que migrar de manera forzada en América Latina, nos vemos obligados a preguntarnos por varios aspectos: ¿cuál es la dinámica actual de las violencias en la región que generan el desplazamiento forzado y la expulsión fuera de los países de origen?, ¿qué nivel de protección se está ofreciendo a aquellas personas que deben huir de los territorios en contra de su voluntad?, ¿de qué manera se están restableciendo los derechos violentados?, ¿cómo se está dando acogida en los lugares de llegada?, ¿cuáles son las perspectivas en términos de las soluciones duraderas para estas personas?

Más que la paz como ideal, lo que anima en este momento es la terminación de la confrontación armada entre las Fuerzas Armadas colombianas y la guerrilla de las FARC, lo que permitirá avanzar de manera más amplía dentro de este país y la región en discusiones sobre los factores estructurales que causan la violencia y la necesidad de reconocer distintas posiciones existentes, sin que sean criminalizadas como hasta ahora ha sucedido. No significa esta noticia esperanzadora que Colombia se encuentre en un periodo de post-conflicto; antes bien la situación humanitaria de muchas comunidades al interior de Colombia y en las regiones fronterizas es compleja y muy preocupante.

Es fundamental tener en cuenta la voz de las víctimas, y en particular de los refugiados, en este momento tan crucial; sin embargo, por ahora siguen siendo confusos los procedimientos para la participación de las personas que se encuentran por fuera de Colombia, y que puedan ser reconocidas como Víctimas dentro de la Ley 1448. Desde el SJR estamos haciendo un llamado a los Gobiernos de la región para que se tenga en cuenta que la paz es un proceso que no implica sólo el cese de hostilidades, sino también una transformación de las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales; igualmente vemos importante que se incorporen en las legislaciones nacionales los instrumentos internacionales existentes para  que estos permitan ampliar y mejorar la protección de los migrantes forzados; estar atentos a no generar expectativas de retorno a las víctimas que se encuentran fuera de las fronteras de Colombia, habida cuenta de la falta de garantías para regresar con los mínimos de voluntariedad, dignidad y seguridad; y buscar mecanismos en todos los países de acogida de personas colombianas expulsadas por la violencia, para que, sin afectarse sus derechos como refugiados, puedan acceder a los derechos de verdad, justicia y reparación integral.[5]

Al pensar en las y los colombianos que huyen de la guerra en sus territorios y que son acogidos por otros países como Ecuador, es inevitable preguntarse si existen las condiciones dentro de Colombia para que estas familias y personas regresen a sus lugares de origen.  Los retornos tienen que, además de ser voluntarios y con suficiente información, contar con garantías de seguridad para que no se repitan las violaciones de los derechos de las personas, razón por la cual dejaron su país.  De la misma manera es necesario considerar aspectos relacionados con la dignidad de las personas, especialmente en relación a las condiciones de llegada, las posibilidades reales de una subsistencia digna en un contexto económicamente inequitativo, injusto y adverso.

Es importante señalar que la repatriación como una de las soluciones duraderas reconocidas en los tratados internacionales, requiere que las situaciones por las cuales la persona fue obligada a huir hayan cesado.[6] Igualmente es pertinente aportar claridades sobre las diferencias que existen entre los retornos voluntarios y la repatriación. La primera de estas junto con opciones migratorias alternas es uno de los puntos recomendados por el ACNUR[7] para responder a la realidad de las personas que no son reconocidas como refugiadas por los Gobiernos. Por su parte las repatriaciones implican un proceso donde el mismo ACNUR tendría que participar como tercera parte garante dentro de su mandato de protección de quienes sí cuentan con dicho estatus.

La institución de la repatriación está considerada como forma jurídica de la terminación del Estatuto de Refugiado, y contempla que se lleve a cabo de manera sincera y voluntaria por parte de las personas refugiadas. De no ser así, y en los casos donde las personas estimen que no han cesado las razones que tuvieron para buscar el refugio, es preocupante que se generen situaciones donde se incumpla con uno de los principales principios de los tratados internacionales en materia de protección internacional, conocido como la no devolución, que debe ser respetado por todos los países  incluso aquellos que no hacen parte de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los refugiados de 1951 y el Protocolo del 1967.

El espejismo del post-conflicto

El conflicto armado que experimenta Colombia persiste debido a factores internos como los intereses ligados a la tenencia y uso de la tierra, así como la configuración política, económica, cultural y social de los territorios, que han dado lugar a distintos tipos de poderes locales-regionales. El centro de este conflicto se encuentra en la histórica exclusión de ciertos grupos sociales (comunidades negras, pueblos indígenas, campesinos pobres y colonos), el desconocimiento reiterativo de sus intereses y anhelos, y la mirada “desarrollista” de todos los gobiernos y grupos de poder en los territorios que estos grupos han habitado.

Esta contraposición de intereses se nutre también de factores externos importantes tales como el negocio del narcotráfico, las tensiones políticas continentales entre las potencias tradicionales y otras emergentes, y las nuevas perspectivas de explotación de recursos naturales y del comercio internacional donde el control de los territorios dentro de Colombia y sobre todo en las regiones fronterizas determinará ventajas para ciertos sectores legales e ilegales. Como una materialización de esos intereses diversos, y como expresión armada de esas contradicciones, se ha desatado una guerra que ya tiene más de medio siglo de existencia y que parece reproducirse a sí misma con cada década que va pasando. Son conocidos sus actores y abundan los estudios e investigaciones sobre su manera de actuar.

Lo particular es que en los últimos años se ha agudizado el conflicto armado en las regiones fronterizas debido a la presión del ejército colombiano sobre los grupos armados y las nuevas estrategias de control territorial de estos, extendiendo el conflicto hacia ambos lados de las fronteras con la presencia de grupos guerrilleros y grupos armados heredados del paramilitarismo.  A partir del trabajo exploratorio realizado por el SJR en la región fronteriza Ecuador y Colombia, se ha podido ir construyendo una mirada más comprensiva de dicha realidad.

El conflicto armado se ha intensificado en los departamentos del Sur de Colombia (Cauca, Nariño y Putumayo) que por su ubicación estratégica para el cultivo de coca, comercialización, distribución y exportación de cocaína, se encuentran en fuerte disputa por grupos armados, impactando las provincias ecuatorianas de Sucumbios, Carchi y Esmeraldas. En otras regiones fronterizas de Colombia los grupos neo-paramilitares han traspasado las fronteras en busca del control sobre los corredores estratégicos para actividades ilegales y como parte de las estructuras armadas que brindan seguridad a ciertas economías legales. Como consecuencia, estos grupos han logrado implementar una economía regional transfronteriza, que por su presencia y acción violenta, afecta la vida de las y los ciudadanos en ambos lados y genera habitualmente disputas por el control territorial entre parte de estos grupos contra las mafias locales ya establecidas.[8]

En Putumayo y Nariño durante los últimos años esta realidad se ha manifestado crecientemente, evidenciada en las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos y las acciones contra la población civil como los atentados con artefactos explosivos realizados en la ciudad de Tumaco[9] o las acciones armadas en zonas del Putumayo. En estos departamentos existe presencia de grupos neo-paramilitares, guerrillas del ELN y las FARC, y del Ejército de Colombia[10]. Como una de las consecuencias de esta realidad no cesan las amenazas contra la vida de muchos campesinos. La negociación en medio de la confrontación, la no participación de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en un proceso de diálogo y la acción de los diversos grupos armados heredados del paramilitarismo, continúan siendo factores de riesgo permanente para las comunidades.

En este mismo sentido estamos en concordancia con lo señalado por el analista León Valencia: “nos encontramos en una encrucijada muy parecida a la que se presentaba a principios de los años noventa. Colombia y la región requieren un pacto de paz que contenga reformas sociales, transformaciones en las fuerzas armadas, claridad en las dirigencias políticas tanto del Gobierno como de las guerrillas, y sobre todo planes para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado que subsisten en medio del Conflicto Armado”[11].

Como ha sucedido en muchas otras regiones del mundo, es de esperar que luego de las desmovilizaciones de los grupos armados y debido a las dificultades en estos procesos de integración en actividades productivas, un importante número de combatientes continúen involucrados en actividades ilegales que afectan la vida y seguridad; esto lo estamos experimentando con los grupos neo-paramilitares (llamadas por el Gobierno bandas criminales Bacrim)[12]. En las regiones fronterizas esta posibilidad genera muchas preocupaciones, puesto que la guerra entre los distintos grupos armados por el control sobre las zonas dedicadas a economías legales e ilegales, es el mayor generador de amenazas contra la vida de los pobladores[13]. La expansión de diversos y pequeños grupos armados luchando por dicho control, plantea un panorama desalentador[14].

La perspectiva para los migrantes forzados.

Este contraste entre las posibilidades de avanzar en la terminación del conflicto armado en Colombia por un lado, y la continuación de las amenazas contra la vida de miles de colombianos por razón del control de los grupos armados, nos obliga a plantear algunos elementos que ayuden a dar respuestas a las preguntas formuladas al inicio del presente texto. De particular importancia  para quienes han migrado contra su voluntad  es contar con una reflexión sobre si existen condiciones en Colombia para que las familias y personas refugiadas regresen a sus territorios como una de las posibles soluciones duraderas.

Arriba señalábamos que las repatriaciones tienen que, además de ser voluntarias y con suficiente información, contar con garantías de seguridad para que no se repitan las violaciones de los derechos de las personas, razón por la cual dejaron su país. 

Como hemos evidenciado a lo largo del presente texto, construido a partir de las miradas locales del SJR desde sus distintos equipos de terreno en los países de la región, esas garantías de seguridad aun no son ofrecidas por el Estado de Colombia. Inclusive tenemos que hacer un esfuerzo mayor por visibilizar ante los estados de la región y las sociedades de acogida, que los riesgos sobre la vida de miles de personas colombianas se mantienen. Por decirlo de una manera amplia: la violencia generalizada, razón fundada que reconoce la Declaración de Cartagena[15] como motivación para solicitar protección de otro Estado, persiste en el presente.



[1] Por: Luis Fernando Gómez, Coordinador de Incidencia SJR LAC.

[2] De La Habana a la Javeriana  “Retos, perspectivas y limitaciones del proceso de paz en curso” Fernán González, Agosto, 2013

[3] Ley 1448  de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras).

[4] Si tenemos en cuenta las cifras manejadas por el ACNUR en la región. En: Refugiados y Ley de Víctimas. Impactos de la ley de víctimas en situación de las personas que se encuentran en necesidad de protección internacional. 2012.

[5] Declaración del Encuentro de las personas encargadas de comunicación e incidencia del Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (SJR LAC) Bogotá, 26 de julio de 2013

[6] Declaración de Cartagena. Duodécima. Reiterar el carácter voluntario e individual de la repatriación de los refugiados y la necesidad de que ésta se produzca en condiciones de completa seguridad, preferentemente, al lugar de residencia del refugiado en su país de origen.

[7] La protección de los Refugiados y la migración mixta: El Plan de los 10 puntos en acción. 2007-2011.

[8] Ver: La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Corp. Nuevo Arco Iris. Random House Mondadori. 2012

[9] Existen cuatro escenarios del desarrollo del conflicto armado en Nariño: la zona de cordillera, la costa pacífica nariñense - objeto de una fuerte estrategia militar por parte del Ejército y Armada Nacional-, la zona del piedemonte costero y la zona frontera, Barbacoas y Ricaurte municipios fronterizos con Ecuador y ubicados en la vía que conduce a Tumaco, costa pacífica.

[10] La guerra sin fin del pacífico nariñense. Ariel Ávila Martínez. Marzo 2013.

[11] ¿Paz duradera o un nuevo ciclo de violencias? Por León Valencia. En: http://www.semana.com/opinion/articulo/paz-duradera-nuevo-ciclo-violencias/336872-3

[12] Las Bacrim y el crimen organizado en Colombia. Carlos Andres Prieto. En: FES Seguridad. Marzo 2013.

[13] Las Bacrim retan a Santos. Arcanos: Publicación de la Corporación Nuevo Arcoíris, Año 15, No. 17, Enero de 2012.

[15] Ver: Declaración de Cartagena sobre Refugiados, Noviembre de 1984.


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