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Puerto Príncipe, 30 de octubre de 2013. La Red Jesuita con Migrantes (RJM) es una red que incluye los centros sociales, parroquias, escuelas, universidades, centros de espiritualidad de los jesuitas en América Latina y el Caribe  que acompañan a personas en situación de refugio, desplazamiento y migración o investigan las causas y efectos de los flujos migratorios en nuestras sociedades.

Estamos divididos en 4 subregiones: la del Caribe, la de Colombia y sus países circunvecinos, la de Sudamérica y la de Centroamérica-Norteamérica.

Como Subregión del Caribe de la RJM, estuvimos reunidos del 27 al 30 de octubre de 2013 en Puerto Príncipe para analizar la situación de los migrantes haitianos en la isla y buscar la forma más efectiva de realizar nuestro trabajo.

Queremos expresar a la sociedad en general y a los dos gobiernos de la isla, nuestra profunda preocupación sobre la situación que atraviesan miles de migrantes haitianos y sus descendientes.

Nos inquieta la situación socioeconómica y política de Haití, la cual sigue provocando una emigración masiva de su población, sobre todo de quienes viven en la zona rural. Estos se ven obligados a dejar su familia y lugar de origen para ir en busca de mejores condiciones de vida. Gran cantidad de jóvenes están forzados a emigrar dejando al país sin gran parte de sus mejores recursos humanos. 

Es preocupante que la mayoría emigra sin documentación, lo que les hace más vulnerable a la violación de sus derechos, por estar en situación irregular.  Constatamos cómo muchos caen en las redes de trata y tráfico de personas, y cómo aumentan los abusos de autoridad y las estafas en los puntos de cruce fronterizo. 

Es alarmante la falta de atención a los emigrantes haitianos en República Dominicana por parte de las autoridades haitianas. No se constatan acciones efectivas para resolver la carencia de documentos. Por el contrario, la centralización de los procesos para adquirirlos, los incrementos en sus requisitos y costos hacen más inaccesible el poder conseguir dichos documentos.  Por ejemplo, para regularizarse en República Dominicana un inmigrante haitiano, que ya tiene acta de nacimiento, necesita 80 dólares por su pasaporte y 90 dólares por su visado. Esto equivale a más de dos tercios (2/3) del salario promedio mensual.  

Nos parece también escandalosa la situación de miseria extrema en que viven miles de inmigrantes haitianos en República Dominicana, a pesar de haber pasado toda su vida trabajando en los campos de caña y ser un soporte fundamental para la economía de ese país.  La mayoría de ellos no están pensionados, carecen de seguro social y viven en habitaciones paupérrimas. 

Es indignante la forma violenta, arbitraria y racista en que diariamente se detienen a los inmigrantes haitianos en situación irregular, las condiciones infrahumanas que existen en los centros de detención y la forma alarmante en que a diario se realizan las deportaciones.  No se respeta el derecho a la unidad familiar, se realizan de forma masiva, no se notifican a las autoridades haitianas, no se sigue un proceso legal y se violan los derechos humanos. En los primeros 5 meses del año 2013, según organizaciones dominicanas, se han deportado de forma masiva más de 3,334 haitianos/as [1]. Todavía no hay iniciativa alguna de ambos gobiernos para gestionar procesos ordenados, dignos y justos de deportación.

Nos indigna la situación por la que atraviesan los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana desde hace ya casi 7 años y que se ha agravado con la aberrante sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Es inadmisible que se pretenda despojar de la nacionalidad adquirida por jus solis a cuatro generaciones de descendientes de cualquier grupo de inmigrante en situación irregular. Apoyamos las acciones de un gran número de organizaciones dominicanas, articuladas bajo el movimiento “Dominican@s por Derecho”, en defensa de la nacionalidad de sus compatriotas y de la preservación del estado de derecho en República Dominicana. 

En consecuencia solicitamos:

A toda la sociedad y organizaciones de ambos países:
  • Fortalecer los lazos fraternos y seguir luchando por los derechos humanos y un estado de oportunidades, sobre todo para los más excluidos.

Al gobierno haitiano:  
  1. Priorizar en su agenda pública el diseño e implementación de una política migratoria integral que facilite a los/as haitianos/as que viven en el país y en el extranjero la dotación de documentos de identidad. 
  2. Promover el acompañamiento y la protección consular de los/as haitianos/as en los países de acogida, principalmente donde hay una significativa presencia haitiana.

Al gobierno dominicano:
  1. Reconocer los aportes de los inmigrantes haitianos/as y asegure el ejercicio de los derechos laborales de los mismos.
  2. Someterse al debido proceso establecido en el derecho internacional para realizar las detenciones y deportaciones.
  3. Detener el despojo de la nacionalidad de los/as dominicanos/as hijos/as de inmigrantes.

Puerto Príncipe, 30 de octubre de 2013









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