Quito, 28 noviembre 2017 - Consulta Regional Latinoamericana de las Organizaciones de la Sociedad Civil frente al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 1 : La región de América Latina y el Caribe comprende uno de los corredores migratorios continentales más extensos y diversos a nivel mundial, al mismo tiempo que presenta los índices de desigualdad más elevados.2 La cuestión de la movilidad humana a lo largo del continente obedece a causas estructurales, entre las cuales, junto a la violencia social y política generalizada, destacan los modelos de desarrollo excluyentes que desplazan a comunidades que al no poder vivir en condiciones dignas, se ven obligadas a migrar. Nuestra región es testigo de las migraciones intrarregionales y entre comunidades transnacionales y transfronterizas, de tránsito y asentamiento de poblaciones migrantes provenientes de países de África y Asia, así como de deportación, rechazo, retorno forzado y retorno voluntario.

Las violencias en todo el proceso migratorio y la ausencia del Estado como garante de derechos generan nuevos desplazamientos y efectos, como lo es el caso de las familias en búsqueda de personas migrantes desaparecidas o víctimas de homicidio, que para exigir y acceder a la justicia se ven forzadas a migrar. Así mismo, la criminalización de la población en contextos de movilidad y la militarización de nuestros territorios, restringen cada vez más la movilidad humana en Latinoamérica y el Caribe.

Los riesgos y la creciente violencia contra migrantes durante su trayecto ocurren en mayor escala, brutalidad y barbarie en la región que comprenden El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos. Una tragedia constante son las situaciones por las que atraviesan las personas migrantes y sujetas de protección internacional que son víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos debido a distintos atropellos tales como el robo, la extorsión, el secuestro, la tortura, la trata de personas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales y homicidios en su tránsito por México y en Estados Unidos, cometidas muchas veces por grupos del crimen organizado coludidos con el gobierno.Ejemplo de ello es la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando en Tamaulipas, México, en agosto de 2010. Este, como otros episodios similares, a pesar de haber sido denunciados por diversas organizaciones internacionales y organismos regionales,3 continúa en completa impunidad.

Preocupa que lo que en algún momento fue una buena práctica en Centroamérica, como el acuerdo regional CA-4 para la libre movilidad de las personas entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que hatenido un considerable retroceso ya que Nicaragua ha incluido nuevos requisitos limitando el ingreso de personas de los otros 3 países vecinos integrantes del acuerdo.

Así mismo, en El Caribe se observan expulsiones colectivas4 de migrantes y la aplicación de políticas públicas discriminatorias y excluyentes, que han orillado a población migrante residente en República Dominicana, así como a personas dominicanas de ascendencia haitiana, a la apatridia, o se encuentran en riesgo de ésta. La falta de ratificación y adhesión de los países del Caribe a convenciones internacionales como la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), la ausencia de legislación nacional adecuada y de políticas migratorias integrales, dificulta la garantía de derechos a personas necesitadas de protección internacional. Adicionalmente, los factores medioambientales relacionados con el cambio climático y desastres naturales caracterizan las migraciones forzadas y desplazamientos internos de los países de la región.

La región sudamericana ha mostrado una postura en miras hacia la integración regional y la perspectiva de derechos humanos, sin embargo, comienzan a observarse políticas migratorias regresivas que afectan la movilidad de forma negativa, como el caso de Argentina con las modificaciones recientes a la Ley de Nacional de Migraciones por la vía del decreto y el caso de Chile donde se equiparan las infracciones a la legislación migratoria con un delito.

La migración desde la región convoca a pensar políticas y acciones transnacionales y extracontinentales,partiendo de un enfoque multidimensional, más allá de intereses gubernamentales y empresariales que producen mano de obra explotada y acciones basadas en políticas sociodemográficas instrumentalistas con el fin de rejuvenecer la población económicamente activa, contar con nuevas fuentes de divisas y disminuir la presión social.

Las políticas migratorias basadas en el control, detección, detención y deportación de las personas migrantes, diseñadas desde una perspectiva de seguridad nacional y que comprende la externalización de las fronteras basadas en la militarización como mecanismo de contención, han generado además de violaciones a los derechos humanos, un aumento de la corrupción y colusión de autoridades, así como la criminalización de las personas migrantes y el fomento de la xenofobia en las poblaciones locales. Esta política acompañada de inversión económica y proyectos de desarrollo ineficaces no corresponde a la realidad de la región y está dirigida a desalentar y contener la migración.

Debido a las estructuras patriarcales al interior de las sociedades e instituciones en América Latina, las personas con identidades sexuales diversas (LGBTTTIQ)5 y las mujeres en las migraciones, se enfrentan a mayores situaciones de violencias, discriminaciones y en menoscabo de sus derechos humanos por cuestiones de género, lo que afecta sus condiciones en la migración, el acceso a sus derechos en términos de inclusión y de acceso a mecanismos de protección internacional.

La falta de voluntad política e incapacidad de los gobiernos para responder a las necesidades de protección de los niños, niñas y adolescentes (acompañados y no acompañados) migrantes, personas sujetas de protección internacional6 y desplazadas internas, se ve reflejada en situaciones como la privación de su libertad en centros de detención migratoria, su criminalización, así como la ruptura de las diversas unidades familiares, contrario a lo que dictan las leyes nacionales y estándares internacionales que velan por el respeto al principio del interés superior de la niñez, el principio pro persona, y a la no devolución y los compromisos con los derechos humanos, el derecho a la igualdad, la inclusión y no discriminación y al Buen Vivir como modelo de desarrollo propio y originario de la región.7

Finalmente, la situación de inseguridad, riesgo y desprotección de las personas defensoras de los derechos de la población migrante, migrantes, sujetas de protección internacional y desplazadas, se acentúa debido a la persecución no sólo por parte del crimen organizado, sino también por agentes estatales y privados.


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1. La Consulta Regional de Latinoamérica y El Caribe (RCSCs LAC), fue una de las siete consultas regionales promovidas por Naciones Unidas y financiada por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) https://refugeesmigrants.un.org/regional-civil-society-consultations) para la elaboración del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.La Consulta RCSCs LAC fue convocada por Asylum Access Latin America y el Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI) en colaboración con el Bloque Latinoamericano integrado por más de 60 redes y organizaciones que trabajan por los derechos de la población migrante, sujeta a protección internacional, sus familias, descendientes y comunidades. Contó con apoyo de CAMMINA (Alianza para las Migraciones de Centroamérica y México) y la Fundación Heinrich Böll de México, Centroamérica y el Caribe.

2. Véase “La matriz de la desigualdad social en América Latina”, CEPAL, 2016.

3. Véase los informes de Amnistía Internacional (2008, e informes anuales de 2012 a 2016), Human Rights Watch (2016), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013) y las Recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (2015).

4. El Artículo 22.9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) señala explícitamente la prohibición absoluta de expulsiones

colectivas de extranjeros.

5. Lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y queer.

6. Se reconoce como personas sujetas de protección internacional a solicitantes de la condición de refugiado, solicitantes de asilo, personas refugiadas y apátridas.

7. Conocido como Sumak Kawsay, se entiende como la convivencia armónica entre los seres humanos así como entre el ser humano con la naturaleza en conciencia de su dependencia y complementariedad intrínseca en miras a una vida sana e integral.


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