Bogotá, Colombia. 1 de diciembre de 2016.- Tras la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP que pone el punto final a cuatro años de intensas negociaciones, son múltiples los desafíos que la sociedad colombiana debe enfrentar de querer avanzar por buen camino en la recomposición de la democracia y la convivencia pacífica. Retos de diversos órdenes que deben ser asumidos con gran seriedad por el Gobierno Nacional, la sociedad civil organizada, el sector privado, los organismos humanitarios nacionales e internacionales y la ciudadanía en general para aportar a la construcción de la paz en este país.

Se trata, no de mirar la fase que continúa ni con excesivo triunfalismo ni con derrotismo, sino más bien, con la medida justa que permita reconocer las problemáticas que pueden obstaculizar la adecuada construcción de una paz estable y duradera y poner el foco de atención allí para encontrar soluciones creativas y efectivas. Desde el Servicio Jesuita a Refugiados se ven con particular preocupación cinco elementos que deben ser prontamente atendidos y sobre los cuales depende de forma importante el éxito de este proceso de paz.

Presencia de actores armados tradicionales y de nuevos grupos armados organizados y criminales: se trata de un aspecto bastante conocido por los colombianos y que se relaciona no solamente con las dificultades que persisten para adelantar un proceso de negociación de paz con el ELN, sino por el crecimiento y consolidación de grupos pos desmovilización paramilitar, algunos de ellos, copando importantes territorios del país y actuando a la manera de los grupos paramilitares existentes antes del proceso de desmovilización de mediados de la década pasada. Se trata de actores armados ilegales que vienen desarrollando toda suerte de acciones militares en los territorios, generando zozobra y vulnerando de manera grave los derechos humanos de comunidades, líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y ciudadanos en general. Violaciones que producen diariamente decenas de víctimas y que, no en pocas ocasiones, han generado situaciones humanitarias complejas. La grave crisis humanitaria que viene atravesando Buenaventura desde hace varios años podría ser una muestra de cómo estas organizaciones criminales pueden dar al traste el sueño de paz en importantes regiones del país.

Graves situaciones humanitarias no contempladas en las respuestas de las actuales políticas públicas: Un conflicto interno armado de tanta magnitud ha obscurecido otras nuevas -y no tan nuevas- modalidades de afectación humanitaria. La minería ilegal, la implementación de grandes proyectos de infraestructura y desarrollo y los cambios medioambientales, entre otros, parecen poco importantes en medio de la guerra. Sin embargo, territorios completos como el Sur de Bolívar se han visto ampliamente afectados por algunos de estos fenómenos, haciendo que los pobladores deban esconderse de las balas, al tiempo que huyen de la contaminación de suelos y aguas. Estas problemáticas, si bien hasta el momento no han cobrado el altísimo número de víctimas que ha causado el conflicto interno, tal como se conoce hasta ahora, si está profundizando silenciosamente las posibilidades de nuevas crisis humanitarias.

Realización inconclusa o parcial de los derechos de las víctimas: Dentro de las mayores afectaciones que ha tenido el conflicto colombiano en los territorios se encuentra el desplazamiento de millones de personas dentro y fuera del territorio nacional. Se trata de un porcentaje alto de población que hoy en día aún sufren los dolores de la guerra y se encuentran, en muchos casos, asentados en los cinturones de miseria de las principales ciudades del país, en las fronteras internacionales o en países vecinos y que continúan esperando que se avance en los procesos de asistencia y reparación integral ofrecidos por el Gobierno Colombiano. En este caso, ante una situación de conflicto que sigue expulsando diariamente personas de sus territorios, la implementación pronta y adecuada de las medidas tanto de atención humanitaria como de reparación integral vigentes se hace cada vez más urgente y necesaria. Reconocer que persisten focos importantes de violencia y que muchas de las víctimas aún no se benefician de las políticas creadas para su atención, es un buen comienzo para desarrollar acciones más acertadas a las necesidades de las víctimas.

Tradición de corrupción y abandono de la institucionalidad en algunas regiones del país: Este elemento ha sido identificado por muchos como uno de los mayores obstáculos que pueden presentarse a la hora de avanzar en proceso de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los territorios afectados por el conflicto armado. Esta tradición centro – periferia que ha marcado la pauta de intervención de los gobiernos nacionales y locales, ha determinado en buena parte la forma en que los centros- capitales suelen recibir atención de mayor calidad, mientras los territorios alejados y de la periferia son frecuentemente sometidos al abandono y accionar de los grupos armados. Este hábito en las formas de intervención ha permitido que se arraiguen prácticas clientelares y de corrupción en los poderes locales que dejan al descubierto las posibles dificultades que se pueden presentar a la hora de implementar proyectos de desarrollo económico, social y comunitario tan necesarios en una fase de post acuerdos.

La implementación de los acuerdos de paz y los derechos de las víctimas: La forma en que finalmente se traduzcan en los territorios los acuerdos alcanzados en la Habana, es tal vez uno de los desafíos más serios en este momento. De la capacidad que tenga el Congreso de la República de interpretar adecuadamente el espíritu del proceso de paz, en articulación con las necesidades y potencialidades de las regiones más afectadas por el conflicto, dependerá la credibilidad de los ciudadanos en el acuerdo y su legitimidad en el tiempo. En ese sentido, es fundamental hacer una revisión pormenorizada de las normas y políticas que desarrollan los derechos de las víctimas de tal suerte que se puedan amoldar a sus necesidades concretas y avanzar en soluciones duraderas. Allí mismo, las garantías de no repetición para los líderes y defensores de derechos humanos deben hacerse efectivas si se desea terminar con los ciclos de violencia que ha padecido este país las últimas cinco décadas.

Se trata entonces de cinco elementos que deben ser observados con cuidado porque servirán de telón de fondo para el proceso de implementación de los acuerdos. Fenómenos y circunstancias antiguas y sobrevinientes que permiten pensar que la tarea humanitaria debe seguir en desarrollo en muchos territorios y que requieren el concurso de todas las agencias y actores humanitarios en el país, pero particularmente, de aquellas instituciones estatales y sociales sobre los cuales reposa el deber de hacer posible la paz en Colombia.

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